Suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos, y compensación para el arrendador: claves del Real Decreto-ley 9/2024

El Real Decreto-ley 9/2024, aprobado el pasado 23 de diciembre, introduce nuevas disposiciones urgentes en los ámbitos económico, tributario, de transporte y de Seguridad Social. Además, extiende medidas previamente adoptadas para proteger a las personas en situaciones de vulnerabilidad social, especialmente en materia de vivienda.

Suspensión de desahucios hasta 2025

La normativa prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025 la suspensión de procedimientos de desahucio y lanzamientos para hogares vulnerables. Este marco legal, que amplía medidas introducidas en el Real Decreto-ley 11/2020 durante la pandemia de COVID-19, refuerza la protección a personas con dificultades económicas para acceder a una alternativa habitacional.

  • Requisitos para la suspensión:
    • Acreditar vulnerabilidad económica según el artículo 5.1 del Real Decreto-ley 11/2020.
    • Presentar documentación al juzgado para su evaluación.
  • Rol de los servicios sociales:
    Los informes de servicios sociales serán determinantes para valorar la situación de ambas partes, arrendador y arrendatario, y garantizar soluciones adecuadas.

Compensaciones para propietarios

En caso de suspensión de un procedimiento de desahucio, los propietarios pueden solicitar compensaciones económicas. Estas solicitudes podrán presentarse hasta el 31 de enero de 2026.

La compensación se calcula en función del valor medio del alquiler en la zona, considerando también los gastos corrientes asumidos por el arrendador durante el periodo de suspensión.

Ampliación de medidas para ocupaciones

El Real Decreto-ley también regula la suspensión de lanzamientos en casos de ocupación sin título habilitante cuando:

  1. Las viviendas pertenezcan a grandes tenedores (propietarios de más de diez inmuebles).
  2. Las personas ocupantes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

Estas suspensiones no aplicarán si la vivienda pertenece a personas físicas que la utilizan como residencia habitual o si se ha producido la ocupación mediante violencia o para actividades ilícitas.

Implicaciones económicas y sociales

Estas medidas buscan equilibrar el derecho a la vivienda digna con la protección de los derechos de los propietarios, en un contexto marcado por el aumento de precios y la falta de oferta de vivienda asequible. El Real Decreto-ley también amplía la responsabilidad de las Administraciones públicas, que deberán garantizar soluciones habitacionales a las personas vulnerables antes de que expire el plazo de suspensión.

¿Cómo afecta esta normativa a los ciudadanos?

  • Arrendatarios: Protección extendida hasta finales de 2025 frente a desahucios si cumplen los criterios de vulnerabilidad.
  • Propietarios: Derecho a compensaciones económicas hasta principios de 2026.
  • Servicios sociales: Mayor involucración en la evaluación y solución de conflictos habitacionales.

El Real Decreto-ley 9/2024 refuerza las garantías para los colectivos más vulnerables, mientras plantea desafíos para su implementación práctica. Si tienes dudas sobre cómo te afecta esta normativa o necesitas asesoramiento, en López & Gómez Abogados estamos para ayudarte.

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